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10 ago COMENTARIOS AL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL MILITAR

Área de Derecho Militar

A pesar de que, como casi siempre y por las razones más diversas, la redacción del nuevo Código Penal Militar no satisfará a todas las diversas corrientes políticas o jurídicas, lo que no puede negarse en absoluto es que va a suponer, siempre ateniéndonos al Proyecto de Ley publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 5 de septiembre de 2014, a partir del Anteproyecto enviado al Consejo de Estado en enero de ese mismo año, una fuente importante de novedades respecto de la legislación penal militar anterior.

En efecto, se aprecian muchas diferencias en relación con la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar. Indudablemente, en los últimos treinta años se han operado en nuestra sociedad una multiplicidad de cambios que aconsejaban vivamente la profunda revisión de la legislación penal militar. Uno de los “caballos de batalla” principales, ya desde los primeros trabajos parlamentarios comenzados a finales del año 2006, fue la inaplicación de la legislación penal militar a los miembros de la Guardia Civil más allá de los supuestos de tiempo de guerra, estado de sitio, cumplimiento de misiones de tipo militar, o por actuar integrados en unidades militares. Por ello, en el Código Penal Militar de 1985 se introdujo el artículo 7 bis, merced a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, y vigente desde el 23 enero 2008. El primer párrafo de dicho artículo 7 bis establece que “Las disposiciones de este Código no serán de aplicación a las acciones u omisiones de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en la realización de los actos propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que, para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa reguladora de dicho Instituto.” No obstante, lo cierto es que hasta el momento la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha interpretado este precepto de una manera tan ambigua en ocasiones, que es prácticamente imposible conocer en qué situaciones no se aplicaría la citada ley penal.

El Código Penal Militar, aprobado en 1985, es una norma de su tiempo, que aunque se amolda al espíritu constitucional de 1978, aún conservaba para la época, según algunos autores, una visión castrense ya demasiado anticuada. Sin desde luego obviar la ya obsoleta posibilidad de aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra, abolida mediante  Ley Orgánica 11/95 del 27 de noviembre, aún hoy encontramos entre su articulado disposiciones que casan con más que evidente dificultad con preceptos constitucionales como el artículo 25.2 de nuestra Carta Magna. Así, en su artículo 44, el Código Penal Militar no permite aplicar automáticamente la suspensión de la ejecución de la pena (simplemente se permite su aplicación discrecional por los Tribunales y Autoridades Judiciales Militares), incluso en aquellos casos en que la extensión de la prisión sea la mínima de tres meses y el condenado lo sea por vez primera, con las graves consecuencias que ello pudiera tener para la carrera militar del condenado aun cuando éste careciere de antecedentes penales y gozase de una brillante hoja de servicios (los no militares gozan del beneficio de la suspensión de ejecución de la pena aun habiendo sido condenados por delitos de mayor entidad y gravedad). En el artículo 22 del Proyecto se establece que “1. Los Tribunales Militares podrán aplicar las formas sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad previstas en el Código Penal, comprendida la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, a los penados que, en el momento de la firmeza de la sentencia, no tengan la condición de militar. 2. La libertad condicional se aplicará cualquiera que sea la condición del penado.

 

UN NUEVO CÓDIGO PENAL MILITAR “RECORTADO”

En cualquier caso, lo primero que llama la atención del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar es su reducida extensión respecto del vigente: si en el Código Penal Militar actual encontramos nada menos que 197 artículos, una Disposición Adicional, cinco Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final, el Proyecto comprende tan solo 88 artículos,  cuatro Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y siete Disposiciones Finales. En efecto, en su Exposición de Motivos, de imprescindible análisis para comprender el porqué de esta nueva codificación, leemos: “Una de las mayores novedades del Código Penal Militar de 1985 consistió en que dejó de ser un código completo o integral para convertirse en una norma penal complementaria del Código Penal, dado su carácter de ley penal especial respecto del texto punitivo común. Sin embargo, no fue posible alcanzar totalmente este deseable propósito, recogido en su preámbulo, por la incertidumbre en aquellas fechas del proceso de codificación penal común, pues habría que esperar una década para la aprobación del vigente Código Penal por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Como consecuencia de esta indefinición, sólo se pudo aprobar en 1985, pese a la promulgación de la Ley Orgánica 14/1985, de 9 de diciembre, un Código Penal Militar parcialmente complementario del ordinario y de excesiva extensión en comparación con los modelos de los códigos castrenses contemporáneos.”Se pretende, por tanto, lograr hacer del Código Penal Militar un complemento muy delimitado y definido de la legislación penal general, vinculándolo y subordinándolo cada vez más intensamente al régimen punitivo global: se busca limitar el ámbito de la jurisdicción militar “a lo estrictamente indispensable”, de acuerdo con la doctrina constitucional a la hora de interpretar el artículo 117.5 de nuestra Ley Fundamental. Se consagra, pues, el llamado “Principio de Complementariedad”: “En consecuencia, la idea que ha presidido la redacción del presente Código Penal Militar es que los bienes jurídicos protegidos por la norma penal han de ser estrictamente castrenses en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas Armadas, de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter militar de las obligaciones y deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito militar.”

Esencial también es hacer notar la introducción de nuevas figuras delictivas, en un Título propio (concretamente el Título III del Libro Segundo), que otorgan protección penal al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares, tal y como establece la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Además, fruto de la experiencia en la aplicación jurisprudencial del Código Penal Militar de 1985 encontramos mejoras técnicas, así como otras “de adaptación terminológica a un lenguaje técnico-jurídico más actual y de común aceptación.” Tal vez el ejemplo más notable en este aspecto sea el empleo de “situación de conflicto armado” en lugar de “guerra”.

Son dos libros en los que se divide el Proyecto de Código Penal Militar, siguiendo una vez más la clásica separación entre una Parte General y una Parte Especial: mientras que el primero de los Libros comprende las disposiciones generales, el segundo de ellos se dedica a la tipificación de los delitos y de sus correspondientes sanciones penales.

 

LA “SIMPLIFICACIÓN” DEL LIBRO PRIMERO

En el caso del Libro Primero, se observa una más que notable reducción y simplificación de su articulado respecto del todavía vigente Código Penal Militar de 1985, y deja claramente de manifiesto la supletoriedad del Código Penal, así como la aplicación en todo caso de su Título Preliminar, suponiendo todo ello un ahorro en cuanto a las antiguas referencias a los principios penales ordinarios que se recogen en el Código Penal Militar aún vigente.

El Título II, como se afirma en la Exposición de Motivos, “está dedicado a regular el delito militar, concepto central del presente Código en torno al cual se construye la especialidad de la ley penal militar y su carácter complementario del Código Penal. Así, la noción de delito militar abarca no sólo los definidos específicamente en la parte especial (Libro Segundo) del código castrense como delitos militares, sino también aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos estricta o esencialmente militares incriminados en la legislación penal común, siempre que sean cualificados por la condición militar del autor y, además, por su especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense”. Siguen considerándose como tales “los delitos de traición, delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y determinados delitos contra la Administración Pública (que causen perjuicio o riesgo a los intereses del servicio o de la administración militar) , cuando son cometidos por un militar con abuso de las facultades e infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes del miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Se atribuye también la consideración de delito militar al de rebelión únicamente en caso de conflicto armado internacional.” En el artículo 10 del Proyecto, se reconoce como circunstancia atenuante muy cualificada la provocación u otra actuación injusta por parte del superior que haya producido en el subordinado arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante, y en su segundo punto se define la reincidencia en el ámbito militar.

El Título III regula las penas, sus clases, efectos, reglas de aplicación y cumplimiento. Nos encontramos aquí ante una importantísima simplificación del sistema penológico para su óptimo encaje respecto al del Código Penal. Entre las sanciones penales imponibles, una más que destacable novedad la protagoniza la introducción en el ámbito penal militar de la pena de multa, como sanción alternativa para determinados delitos culposos. En la aplicación de las penas los Tribunales militares seguirán las mismas reglas señaladas en el Código Penal y razonarán en la sentencia la individualización penal. Es interesante resaltar también que, al establecerse como pena mínima privativa de libertad la de prisión de tres meses y un día, se faculta a los Tribunales Militares para su reducción en uno o dos grados, siempre según las reglas del Código Penal, y sin que pueda ser inferior a dos meses y un día. Su finalidad no es otra que la de diferenciarla de la sanción máxima de dos meses de arresto prevista en la muy reciente Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 8/2014 de 4 de diciembre, así como, en su caso, en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil de 2007. Se substituye la pena común de trabajos en beneficio de la comunidad, difícil de hacer cumplir en un ámbito como es el castrense, por “una pena corta privativa de libertad”.

 

LIBRO SEGUNDO: INNOVACIÓN Y TRADICIÓN

Como hemos mencionado, en el Libro Segundo, «Delitos y sus penas», a través de sus seis Títulos, afirma la Exposición de Motivos que “se recogen los ilícitos penales específicamente castrenses con una tipificación precisa, respetuosa con el principio de legalidad y taxatividad, debidamente depurada y actualizada. En algunos delitos, para evitar problemas de alternatividad y enojosas repeticiones, se contiene una simple remisión a la descripción típica prevista en el Código Penal, conforme al principio de complementariedad que preside el presente código.”

Desde el artículo 24 en adelante, y a lo largo de los ocho capítulos del Título I, se castigan los delitos contra la Defensa y Seguridad nacionales. Por no preverse de manera expresa en el Código Penal ordinario, el Capítulo I tipifica con carácter independiente determinadas conductas constitutivas del delito de traición militar, castigándolas por su mayor gravedad, con la máxima pena privativa de libertad de todo el Proyecto. En el Capítulo II se sanciona el denominado “espionaje militar” (artículo 25) como delito militar específico, mientras que en el Capítulo III, respecto de la revelación de secretos e informaciones relativas a la Seguridad y Defensa Nacionales, encontramos una remisión a las conductas así tipificadas en el Código Penal (artículo 26), para agravar la pena cuando el sujeto activo tuviera la condición de militar o en situación de “conflicto armado”. La misma técnica de remisión al Código Penal e idénticas consecuencias punitivas se utilizan en el Capítulo IV respecto de los delitos de atentados contra los medios o recursos de la Seguridad y Defensa Nacionales castigándose, entre otros, el allanamiento de dependencia o establecimiento militar (artículo 29). El Capítulo V recoge el incumplimiento de bandos militares en situación de conflicto armado o estado de sitio (artículo 30) mientras que el Capítulo VI, denominado “Disposiciones comunes”, define determinados conceptos como el de “potencia aliada” y actos preparatorios punibles de conspiración, proposición y provocación (artículos 31, 32 y 33). En el Capítulo VII, en los artículos 34 y 35, se agrupan los llamados “delitos contra centinela”, Autoridad militar, fuerza armada (que define) y policía militar. El último de los capítulos del Título I del Capítulo II (artículos 36 y 37) está reservado a los ultrajes a España (su Bandera, Himno o alguno de sus símbolos o emblemas), a la Constitución o al Rey y las injurias a la organización militar, que se aplicarán siempre y cuando el sujeto activo tuviere la condición de militar.

Los delitos contra la disciplina son reconocidos en la propia Exposición de Motivos del Proyecto como núcleo esencial del Derecho Penal Militar, y se agrupan en el Título II, a partir del artículo 38. La ruptura colectiva de la disciplina militar se castiga como delito de sedición militar en el Capítulo I, incriminando conductas de diferente gravedad e incluyendo los actos preparatorios punibles, y además se prevé que las “conductas menos graves” puedan sancionarse en vía disciplinaria militar. El Capítulo II tipifica bajo el epígrafe de insubordinación el insulto al superior y la desobediencia (artículos 42 a 44). En el primero de los casos, además de los clásicos maltratos de obra, se ha añadido la incriminación de los “atentados contra la libertad o indemnidad sexuales”. El Capítulo III castiga el abuso de autoridad en relación con conductas como son el maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o humillante, los acosos sexuales, amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad, dignidad personal y en el trabajo y los actos discriminatorios (artículos 45 a 48).

Cabe destacar en el Proyecto de Código Penal Militar incluye en su Libro Segundo una importante novedad: la incorporación del Título III que castiga en sus artículos 49 y 50 los delitos relativos al ejercicio de los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas por parte de quienes ostenten la condición de militar, “otorgando adecuada protección penal a tales derechos y libertades al tiempo que cumple con el mandato expresado en el apartado 3 de la disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas”.

Destaca especialmente el Título IV del Libro Segundo: el último y el más amplio y extenso del proyecto (artículos 51 a 88), puesto que tipifica a lo largo de ocho Capítulos los denominados “Delitos contra los deberes del servicio”.

Como bien se destaca en la Exposición de Motivos, “uno de los capítulos que incorpora mayores novedades al presente código es el relativo a los delitos contra la eficacia en el servicio”, en el Capítulo VII, que comprende desde el artículo 75 al 80. Comprende “desde conductas imprudentes hasta violaciones de los deberes militares que inciden directamente en el bien jurídico protegido: la eficacia en el desarrollo de los cometidos estrictamente castrenses. Así se castigan, en primer lugar, determinados daños previstos en el Código Penal perpetrados por un militar y otras conductas lesivas cometidas por imprudencia grave”. Incluye además los delitos náuticos más característicos que figuraban en el antiguo Título VII del Código Penal Militar de 1985, relativo a los delitos contra los deberes del servicio relacionados con la navegación. Como contrapunto a esta tradición, aparece como importante novedad en el artículo 77 “la incriminación del tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con remisión a los tipos del Código Penal, cuando tales hechos son cometidos por un militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante ejercicios”, a causa probablemente de la alarma social generada por supuestos hechos sacados a la luz por parte de los medios de comunicación. Por último, el Capítulo VIII incrimina el uso indebido de uniforme o distintivos militares en su artículo 81.

Conforman el Título V del Libro Segundo del Proyecto los delitos contra la Administración de la Justicia Militar, en las acciones u omisiones cometidas en relación con los delitos y procedimientos militares o respecto a los órganos judiciales militares, en aras de la simplificación y la complementariedad, “se ha optado por una remisión a los delitos contra la Administración de Justicia del Código Penal sancionándolos con idéntica pena”.

Por último y como cierre, el Título VI del Libro Segundo parte del presente código (artículos 83 a 88), se encarga de regular y castigar los delitos contra el patrimonio en el ámbito militar. Siguiendo con la política de “innovación y tradición”, junto a “infracciones clásicas, como la solicitud de crédito para atención supuesta, se incriminan con remisión a los tipos previstos en el Código Penal los delitos de hurto, robo, apropiación indebida y daños cometidos por un militar en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos se incorporan como novedad determinados delitos contra el patrimonio tipificados también en el Código Penal y cometidos por un militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante ejercicios, circunstancias que aconsejan su punición en el ámbito estrictamente castrense, cuando afecten al servicio o vulneren las reglas de comportamiento de los militares”.

 

CONCLUSIONES

El Proyecto de Código Penal Militar que entrará en vigor en las próximas fechas, aunque supone una importante renovación en cuanto a redefinición conceptual, simplificación y economía jurídica en aras del ya citado principio de complementariedad”, no deja, según sus detractores, de suponer una quiebra en cuanto a la unidad jurisdiccional y una “discriminación nada positiva” respecto de funcionarios al servicio del Estado y la Nación como son las Fuerzas Armadas. No obstante, es de destacar la cada vez más progresiva “desmilitarización jurídica” de la Guardia Civil, así como la mayor adaptación a los tiempos modernos de una legislación que, como hemos mencionado al principio, aparecía a todas luces desfasada y en muchos casos inaplicable en una sociedad española del siglo XXI moderna, democrática y sujeta a unos principios constitucionales (derechos y deberes) que se entienden comunes a todos los españoles independientemente de su condición civil o militar. En cualquier caso, será el correr del tiempo, su aplicación progresiva y la muy necesaria jurisprudencia penal (tanto militar y ordinaria) quienes harán ver si este nuevo Código Penal Militar supone un acierto o si aún se requiere una mayor innovación y revisión desde los cimientos de esta siempre controvertida y compleja jurisdicción para una sociedad como la actual.

Carlos Delgado Cañizares
Abogado-Socio Director
cdelgado@aestimatioabogados.com

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