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10 ago LA CONDENA PENAL FIRME Y SUS CONSECUENCIAS EN EL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (II)

Abogado del Área de Derecho Administrativo

Como ya indicamos en la primera parte del artículo relativo a “La condena penal firme y sus consecuencias en el personal de las Fuerzas Armadas”, estas varían según sean los militares condenados, que pueden ser o militares de carrera o militares con compromiso temporal (militares de complemento y militares de tropa y marinería, estos últimos los que no sean militares de carrera).

En la citada primera parte tratamos el asunto en relación a los militares que tienen una relación de servicio con las Fuerzas Armadas mediante compromisos de carácter temporal, por lo que en el presente artículo vamos a tratar el mismo asunto pero en aquellos militares de carrera, situación esta regulada tanto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, como en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

El art. 3 de la Vinculación con las Fuerzas Armadas de la Ley 39/2007, establece en su punto 2 que:

“Son militares de carrera quienes mantienen una relación de servicios profesionales de carácter permanente. Les corresponde asegurar la continuidad y estabilidad de la estructura, el funcionamiento y los valores esenciales de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional”.

Y en su punto 4 que:

“Los militares de tropa y marinería, que constituyen la base de las Fuerzas Armadas, establecen su relación de servicios profesionales mediante compromisos de carácter temporal y podrán acceder a la condición de militar de carrera en la forma que se especifica en esta ley”.

Y posteriormente en el artículo 76 de la citada Ley nos indica como se adquiere la condición de militar de carrera.

Una vez dejado claro qué personal de las Fuerzas Armadas tiene la consideración de militar de carrera, vamos a exponer las consecuencias profesionales de la condena penal para este personal.

Los militares de carrera perderán su condición cuando hayan sido condenados con “Pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial para empleo o cargo público (…)”, tal y como así se indica en el art. 116.1.c de la Ley de la Carrera Militar.

Hay que hacer mención que el precepto no diferencia si la condena es por haber sido condenado por delito tipificado en el Código Penal Común o Código Penal Militar, o bien por sentencia dictada por un tribunal penal internacional, tampoco se hace mención al tipo de de delito o extensión de la pena, solamente se indica que “(…), de quien hubiera sido condenado a pena principal o accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público hasta tres años, (…)”.

En relación con la pena de pérdida de empleo debemos indicar que esta puede ser impuesta tanto como pena principal1 o como accesoria2 , aplicándose en toda condena a pena de prisión que exceda de tres años3 , por lo que nos encontramos ante una pena exclusiva del Código Penal Militar. Hay que decir que esta pena conlleva la baja del condenado en las Fuerzas Armadas con privación de todos los derechos adquiridos, excepto los derechos pasivos4 que pudieran corresponderle. Además, al tratarse de una pena de carácter permanente, aquellos que la sufren no pueden ser rehabilitados, sino en virtud de Ley5 . No obstante, tenemos que indicar que a aquellos individuos a los que les haya sido impuesta esta pena pueden acceder a otro cargo o empleo público fuera de las Fuerzas Armadas, una vez que se hayan cancelado los antecedentes penales.

La pena de inhabilitación absoluta la tenemos regulada tanto en Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal6 , para aquellas penas de prisión que excedan de diez años, así como en la Ley Orgánica 13/1985, de 9

1 Art. 24.1 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar

Art. 24.2 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar

3 Art. 28 de Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar

4 El derecho de la pensión y la circunstancia de percibirla, cuando se ha cesado en la actividad funcionarial.

5 Art. 30 de Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar

6 Arts. 33, 39, 40, 41, 54 y 55 de diciembre, de Código Penal Militar7 , para aquellas penas de prisión que excedan de doce años.

La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público no figura en el Código Penal Militar para su imposición por la comisión de delitos militares, por lo que esta pena única y exclusivamente se impondrá a aquellos militares por la comisión de un delito tipificado en el Código Penal y con los únicos efectos recogidos en el mismo8 . No obstante indicar que en el Código Penal Militar nos encontramos con una pena de naturaleza análoga como es la “inhabilitación definitiva” para mando de buque de guerra o aeronave militar. Aquí se da la situación de que al penado se le priva con carácter “permanente” del mando, afectando por ello a la privación de funciones y/o destino militar, pero en ningún momento se le priva de su condición ni empleo militar.

Recapitulando, tanto las penas de pérdida de empleo, inhabilitación absoluta como inhabilitación especial, conllevan la pérdida de la condición de militar, tal como ya habíamos indicado en base a lo dispuesto por el art. 116 de la Ley de la Carrera Militar.

Además de las precitadas penas, nos encontramos con otras como son la pena de suspensión de empleo y la de suspensión de cargo público, las cuales también afectan profesionalmente al militar de carrera.

La pena de suspensión de empleo regulada con carácter accesorio en ambos Códigos Penales y que será impuesta por pena tipificada en el Código Penal Militar que conlleve pena de prisión de hasta doce años y pena de prisión de hasta diez en aplicación del Código Penal.

La pena de suspensión de cargo público la tenemos regulada en el Código Penal como accesoria, y tendremos que estar a lo dictado en la resolución judicial y al empleo y/o destino del militar de carrera para determinar los efectos concretos que pudiera tener la misma.

Hacer mención a la institución de la rehabilitación9 que podrá ser concedida por el Ministro de Defensa, a petición de interesado siempre y cuando la pena de inhabilitación no haya sido superior a tres años, circunstancias y entidad del delito y siempre que se hubiese cumplido la pena, por lo que nos encontramos ante una medida rogada y potestativa.

Para finalizar, nos volvemos a reiterar en lo indicado en la primera parte de este trabajo en el que señalábamos que aunque a los servidores públicos


7 Art. 24 y 34

8 Sección 3. De las penas privativas de derechos. Arts. del 39 al 42.

Art. 116 de la Ley de la Carrera Militar

haya de exigírseles un “plus” de moralidad, recto proceder, etc., no es menos cierto que las consecuencias de una condena penal firme por delito doloso en la relación profesional de este colectivo es muy grave como así ha quedado expuesto y, sobre todo, habrá que tener en cuenta el tipo de pena, afectación al servicio, imagen de las Fuerzas Armadas o alarma social, elementos estos importantes para la imposición de una justa pena.

Germán Salido Campos

german@aestimatioabogados.com

Doctor en Derecho

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