10 ago LA NEGATIVA DEL CONDUCTOR A SOMETERSE A LA SEGUNDA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA

Los delitos contra la seguridad vial vienen regulados en el Capítulo IV del Título XVII del Libro II del Código Penal y, dentro de los mismos, se regula la negativa por los conductores a someterse a las pruebas de alcoholemia o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas cuando se es requerido por un agente de la autoridad. Concretamente el artículo 383 dice:

“El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

Para que pueda incurrirse en este delito es necesario que haya un requerimiento expreso por parte de la autoridad, que se advierta expresamente al conductor de la responsabilidad en que puede incurrir en caso de no hacerlo y que haya una negativa abierta a someterse a las pruebas por parte del mismo.

Ahora bien, sentado lo anterior, hay otras muchas cuestiones que pueden suscitarse a la hora de determinar si se está o no cometiendo este delito que no son pacíficas, esto es, cuestiones en las que no hay unanimidad por parte de la jurisprudencia, por lo que dependerá del órgano judicial en el que nos encontremos e, incluso, de la sección concreta que deba resolver el asunto (vía recurso de apelación) el que la decisión pueda ser de una u otra forma. Así, por ejemplo, no es unánime la jurisprudencia sobre si, la negativa a someterse a  las pruebas de alcoholemia constituye siempre delito, cualquiera que sea el motivo –de los legalmente tasados1 -por el que el agente de la autoridad le requiere para someterse a las mismas; ni hay unanimidad, por ejemplo, a la hora de determinar la concurrencia o no del tipo, cuando la práctica de la prueba sea innecesaria toda vez que el conductor presente signos externos evidentes de encontrarse en un estado de intoxicación etílica; ni hay unanimidad sobre si se incurre o no en este delito cuando el conductor se somete al primer examen pero se niega a someterse a la segunda prueba.

La forma en que ha de practicarse la prueba de alcoholemia a que hace referencia el artículo 383 del Código Penal viene regulada en el artículo 23 del Reglamento General de la Circulación2 , que estipula, grosso modo, que cuando el resultado de la primera prueba supere cierto límite o, en ciertos casos especiales, con independencia de ese límite, deberá someterse al conductor a una segunda prueba, teniendo que mediar entre la primera y segunda un período mínimo de 10 minutos3 .


1 Los motivos por los cuales se puede requerir a un conductor a someterse a las pruebas de alcoholemia vienen regulados en el artículo 21 del Reglamento General de la Circulación, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación (artículo 12.2, párrafo primero, del texto articulado).

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas:

a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación.

b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este reglamento.

d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad.”

2 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

3 1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar estos límites, presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente.

2. De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del derecho que tiene a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre la realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos.

Imaginemos el supuesto de que a un conductor se le somete con un aparato etilómetro de precisión4 al primer examen, superando los límites de alcohol que prevé el ya mencionado artículo 23 del Reglamento General de la Circulación y que, por tanto, se le requiere nuevamente para que se someta a un segundo control, pasados como mínimo diez minutos desde el primero. ¿Sería delito el negarse abiertamente a someterse al mismo a pesar de haber aceptado y de haberse sometido al primero de ellos? Pues bien, como hemos dicho con anterioridad, ni la doctrina ni la jurisprudencia es unánime con esta cuestión.

Así por ejemplo, una parte de la jurisprudencia entiende que al haberse sometido a la primera de las pruebas y dar positivo, el no sometimiento a la segunda no implica que el mismo no haya accedido en ningún momento a la medición y, por ende, no existe la negativa prevista en el tipo, ya que, además, esa segunda prueba es una mera garantía que puede ser renunciada por el conductor. En este sentido, podemos destacar una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 6 de febrero de 2013, que afirma que

“Al igual que hemos sostenido en otras ocasiones, hemos de mantener también en esta ocasión que el artículo 383 CP es tan sólo aplicable al supuesto en el que el acusado no hubiera accedido de ningún modo a soplar por el etilómetro. No se incurre en dicha conducta delictiva cuando, después de haber dado positivo en la primera ocasión, el detenido rehúsa soplar por segunda vez.

(…) No puede abordarse la negativa a la práctica de la segunda prueba del mismo modo que la negativa total a cualquier medición con el etilómetro. La normativa aplicable establece la práctica de una segunda prueba de detección, pasados al menos diez minutos, a fin de garantizar una correcta medición y a fin de asegurar, mediante el cotejo de los resultados de las dos mediciones, la fiabilidad de los resultados arrojados. Muchas veces sirve el dato para comprobar la trayectoria ascendente o descendente de la impregnación alcohólica. Lo que es evidente es que una vez se dispone del dato de la impregnación mediante la primera de las pruebas ya se cuenta con el elemento de corroboración de la impresión inicial de la embriaguez. La medición es válida y puede ser hecha valer en contra del acusado aunque éste se niegue a soplar por segunda vez, con lo cual no está


3. Igualmente, le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de su acompañante o defensor, si lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia, y a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal facultativo del centro médico al que sea trasladado estime más adecuados.4. (…)”

4 Artículo 22 del Reglamento General de la Circulación.

obstaculizando la investigación del delito, conducta que está en la base de la incriminación que efectúa el artículo 383, sino, única y exclusivamente, renunciando a esa posibilidad, establecida legalmente en su favor, de una mayor garantía y contraste del resultado arrojado mediante una segunda medición.”

O también, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de marzo de 2006, que afirma que “el artículo 380 del Código penal alude a quien se negare a someterse a “las pruebas legalmente establecidas”, lo que puede interpretarse en el sentido de que la negativa lo sea a la primera de las reglamentarias, la que haya de efectuarse con etilómetro evidencial, pues esa negativa excluye también por esencia la segunda de las pruebas que contempla el art. 23 del reglamento citado, pero caso de efectuarse la primera prueba, la segunda prueba sólo tiene el carácter de constituir una garantía, de modo que puede ser renunciada por el interesado sometido a las pruebas de alcoholemia, sin que por ello cometa el delito de desobediencia del artículo 380 del Código Penal . Y así se ha sostenido por este Tribunal en numerosas ocasiones, bastando citar la sentencia de 3 de diciembre de 2004, número 1.170, recaída en el rollo de apelación nº 437 /2004 PA nº 92/2004 del Juzgado de lo penal nº 20.”

Pero, como ya hemos dicho, otra parte de la jurisprudencia no está de acuerdo y entiende que la segunda prueba no es una mera garantía del conductor que éste pueda rechazar, sino que se trata de una prueba obligatoria para asegurar el acierto de la primera medición y que, por tanto, el negarse a someterse a la misma implicaría, en principio, y si se dan el resto de requisitos, un delito de desobediencia. En este sentido, destacamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3ª, de 2 de noviembre de 2009 que dice que “el carácter imperativo del tiempo verbal utilizado “someterá”, no ofrece duda acerca de la obligatoriedad de practicar la segunda prueba, en los supuestos a que se refiere, y contrasta con el carácter facultativo de los análisis de sangre, orina o análogos, cuya práctica se configura como un derecho de la persona sometida a examen, del que deberá ser puntualmente informada por el agente que practique la prueba”.

La Fiscalía, por su parte, se decanta también por esta última opción, tal y como se aprecia en la Circular 10/2011, sobre criterios para la Unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial, que estipula que:

“Los artículos 379.2 y 383 con la expresión “pruebas legalmente establecidas” remiten al Reglamento General de Circulación y a la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, reguladores de la práctica de las pruebas de detección de alcohol y drogas. El artículo 12.2 de la LSV establece que “quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan…” Es claro el carácter imperativo de ambas.

La segunda prueba no es, por tanto, un derecho del interesado de ejercicio potestativo. Ambas pruebas son obligatorias y están orientadas a garantizar el acierto en el resultado. En definitiva, se puede concluir que la negativa a someterse a cualquiera de ellas constituye una conducta subsumible en el tipo estudiado”.

Por tanto y, en conclusión, nos encontramos ante un supuesto que suscita muchas dudas desde un punto de vista práctico, no existiendo una respuesta unitaria por parte de nuestra jurisprudencia, de manera que podremos encontrarnos con que el fallo que se dicte será distinto dependiendo del órgano judicial que conozca del asunto y, en caso de ser colegiado, dependerá incluso de la sección concreta donde recaiga el asunto.

 

Departamento  de Penal

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