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10 ago LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Área de Derecho Penal

La libertad de expresión viene regulada en dos textos básicos fundamentales: por un lado, en nuestra Constitución (artículo 20) y, por otro lado, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 10).

Concretamente, el artículo 20 de nuestra Carta Magna establece que:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. […]

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.”

Por su parte, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de forma similar, estipula que:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.”

Como vemos, cualquier persona es titular de este derecho fundamental, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil1.No obstante, tal y como se desprende del tenor del artículo 20 transcrito, no se trata de un derecho absoluto, sino que está sujeto a una serie de límites, límites que pueden ser generales (por ejemplo, el respeto al honor de las personas) o específicos. En palabras de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, concretamente de su Sentencia de 4 de febrero de 2008, “hay sectores o grupos que por razón de la función que desempeñan están sometidos a límites específicos, lógicamente más estrictos. En el caso de los militares dichos límites se deben a la naturaleza del servicio que tales profesionales desempeñan, del grado de jerarquización y disciplina interna a que están sometidos”. Sigue diciendo dicha Sentencia que dadas las singularidades propias de las Fuerzas Armadas, (carácter jerárquico, disciplinado y unido), sus miembros tienen unas limitaciones distintas a las comunes del resto de los ciudadanos, las cuales afectan, entre otros derechos, a la libertad de expresión de sus componentes.

Esas limitaciones las encontramos genéricamente en el artículo 12 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que dice textualmente que:

1. El militar tiene derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos.


1 Sirva de ejemplo la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de junio de 1976. Caso “Engel y otros”.

2. En cumplimiento del deber de neutralidad política y sindical, el militar no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propaganda a favor o en contra los partidos políticos, asociaciones políticas, sindicatos, candidatos a elecciones para cargos públicos, referendos, consultas políticas o programas u opciones políticas.

3. En los asuntos estrictamente relacionados con el servicio en las Fuerzas Armadas, los militares en el ejercicio de la libertad de expresión estarán sujetos a los límites derivados de la disciplina” (disciplina que, recordemos, no es sino el factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, teniendo su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas).

A su vez, la concreción práctica de estos límites, tanto genéricos como específicos, se encuentran sancionados en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y en la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar. Ejemplos de los mismos, sin ánimo exhaustivo, podrían ser las faltas disciplinarias contempladas en los artículos 7.292 , 7.313 , 8.184 y 8.325 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas; las faltas previstas en los artículos 7.16 y


2 7.29 (Falta leve): “Emitir o tolerar expresiones contrarias, realizar actos levemente irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio contra la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones y poderes o las personas y autoridades que las encarnan, la Bandera, Escudo e Himno nacionales y de las demás instituciones representativas, así como contra los representantes de otras naciones, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos que las componen y otros institutos o cuerpos de naturaleza militar, así como sus mandos y autoridades militares cuando no constituyan infracción más grave o delito.”

3 7.31 (Falta leve): “Expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales o que afecten al debido respeto a decisiones de Tribunales de Justicia.”

4 8.18 (Falta grave): “Hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo.”

5 8.32 (Falta grave): “Emitir o tolerar manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio contra la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones o poderes o las personas y autoridades que las encarnan, la Bandera, Escudo e Himno nacionales y de las demás instituciones representativas, así como contra los representantes de otras naciones, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos que las componen y otros institutos o cuerpos de naturaleza militar; así como sus mandos y autoridades militares cuando no constituyan infracción más grave o delito.”

6 7.1 (Falta muy grave): “El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de sus funciones y la realización de actos irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional o al Rey y a las demás instituciones por ella reconocidas.”

8.217 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil; y el delito previsto en el artículo 908 del Código Penal.

La existencia de limitaciones propias a este derecho fundamental en el seno de las Fuerzas Armadas no solo es aceptada así por el Tribunal Supremo, sino también por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, el Tribunal Constitucional (SSTC 21/1981, de 15 de junio, 270/1994, de 17 de octubre, 102/2001, de 23 de abril, entre otras) sostiene que el legislador puede imponer límites específicos al ejercicio de la libertad de expresión a los militares, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien afirma que la libertad de expresión prevista en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es aplicable a los militares, sin embargo, acaba diciendo que el funcionamiento eficaz de un ejército difícilmente se concibe sin reglas jurídicas destinadas a impedir que sea minada la disciplina militar.

Ahora bien, y aquí está el quid de la cuestión, ¿hasta dónde puede limitarse este derecho fundamental a los militares? Es en la respuesta a esta pregunta donde se encuentra el meollo de la cuestión y donde radica el punto clave a la hora de que un militar pueda defenderse contra la imposición de faltas disciplinarias y delitos relacionados con los límites a la libertad de expresión de este colectivo.

A tenor de la doctrina vigente, sólo cabe limitar el derecho de expresión de los militares cuando exista una “necesidad social imperiosa”, y dicha necesidad existe en los supuestos en los que haya o pueda haber una amenaza real para la disciplina y para la cohesión interna de las Fuerzas Armadas. En este sentido, destacamos la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Quinta, de 4 de febrero de 2008. Y también la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de enero de 1999, Caso Janowski vs Polonia:

“Ha quedado establecido que el Convenio es válido en principio para los miembros de las Fuerzas Armadas y no solamente para los civiles. Al interpretar y aplicar las normas del texto […] el Tribunal debe estar atento a las particularidades de la condición militar y a sus consecuencias en la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas. Recuerda a este respecto que el art. 10 no se detiene a las puertas de los cuarteles. Es válido tanto para los militares como para las demás personas dependientes de la jurisdicción de los


7 8.21 (Falta grave): “Cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas, o formularlas con carácter colectivo.”

8 90 (Delito): “El militar que de palabra, por escrito, o por cualquier medio de publicidad injuriare a los Ejércitos o Instituciones, Armas, Clases o Cuerpos determinados de los mismos será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a seis años.”

Estados contratantes. Sin embargo, como se dijo el Tribunal, el Estado debe poder restringir la libertad de expresión allá donde exista una amenaza real para la disciplina militar, no concibiéndose el funcionamiento eficaz de un ejército sin unas normas jurídicas destinadas a impedir que se socave dicha disciplina. Las autoridades internas no pueden, sin embargo, basarse en tales normas para obstaculizar la manifestación de opiniones incluso cuando sean dirigidas contra el Ejército como Institución”

Por ello, y en conclusión, habrá que examinar caso por caso para ver si existe o no esa amenaza real para la disciplina -lo que no siempre será fácil, como se puede deducir de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que acabamos de ver- y teniendo siempre en cuenta, como criterio guía fundamental a la hora de realizar dicho examen, que, por mucho que pueda excepcionarse este derecho fundamental, dichas excepciones o límites deber de interpretarse estrictamente y deben estar establecidas de manera convincente.

Ana Luisa Sánchez Rodríguez

ana@aestimatioabogados.com

Abogado

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