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Sentencia que acuerda la modificación de los coeficientes de participación de un edificio. VER PDF
Objeto del Procedimiento
El presente análisis aborda una sentencia dictada en un juicio ordinario en el que los propietarios de una vivienda en planta baja demandan a la Comunidad de Propietarios y al resto de comuneros. La acción ejercitada persigue la declaración de nulidad de las cuotas de participación fijadas en la escritura de división horizontal originaria del año 1966 y la fijación de unas nuevas cuotas que se ajusten a los criterios objetivos establecidos en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
Posturas de las Partes
- Parte demandante (Propietarios del bajo): Argumentan que las cuotas originarias se fijaron atendiendo exclusivamente al precio de compra de los inmuebles, lo que provoca que, teniendo una superficie útil del 21,70%, soporten una cuota de participación desproporcionada en los gastos comunes, contraviniendo el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
- Parte demandada (Comunidad y varios copropietarios): Se oponen a la demanda alegando, como excepción procesal, la caducidad de la acción al haber transcurrido el plazo del artículo 18 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal para impugnar un acuerdo previo de la Junta que denegó la modificación. En cuanto al fondo, defienden que el título constitutivo solo puede modificarse por unanimidad y que la cuota actual está justificada por las ventajas, doble uso (vivienda/local) y accesos de la planta baja. Nota: Algunos copropietarios se allanaron a la demanda y otros fueron declarados en rebeldía.
Fundamentos Jurídicos y Análisis del Tribunal
El Juzgado de Primera Instancia fundamenta la estimación de la demanda en los siguientes argumentos sustantivos y procesales:
- Desestimación de la excepción de caducidad: El tribunal aclara que la acción ejercitada no es la impugnación de un acuerdo de la Junta de Propietarios (sujeta a los plazos de caducidad del artículo 18 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal), sino una acción judicial directa de nulidad de las cuotas fijadas en el título constitutivo, la cual no está sometida a dicho plazo de caducidad.
- Modificación judicial frente a la regla de unanimidad: Apoyándose en consolidada jurisprudencia, el juzgado determina que, ante la imposibilidad de lograr la unanimidad en la Junta para modificar los Estatutos o el título constitutivo, es plenamente viable la revisión judicial para corregir situaciones de abierta desproporción, injusticia o abuso de derecho en la fijación originaria de las cuotas.
- Aplicación de los criterios objetivos legales: El tribunal constata que la escritura de 1966 fijó las cuotas basándose únicamente en el valor económico de compra, ignorando los parámetros del artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (superficie útil, emplazamiento y uso racional de los elementos comunes). Analizada la prueba pericial y de tasación, se comprueba que la vivienda actora carece de acceso a determinados elementos comunes y no posee las características polivalentes alegadas por la demandada, por lo que su cuota originaria resulta objetivamente injusta y desproporcionada en relación con su superficie útil real.
Fallo de la Sentencia y Costas
La Magistrada-Juez resuelve el litigio dictando los siguientes pronunciamientos:
- Declaración de nulidad y fijación de nuevas cuotas: Estima íntegramente la demanda, declara nulas las cuotas de participación de la escritura originaria y fija unas nuevas cuotas para todas las viviendas del edificio estrictamente proporcionales a su superficie útil conforme a la prueba pericial practicada (asignando a la vivienda de los actores un 21,70%).
- Obligación registral: Condena a la Comunidad y a todos los copropietarios a pasar por esta declaración y a proceder a la modificación e inscripción de las nuevas cuotas en el Registro de la Propiedad correspondiente.
- Imposición de costas procesales: Condena al pago de las costas a los demandados que se opusieron a la pretensión, en aplicación del principio de vencimiento objetivo del artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Exime expresamente del pago de costas a los codemandados que se allanaron (conforme al artículo 395 de la citada ley) y a los terceros intervinientes llamados al proceso.
