Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Gracias a la labor de nuestro despacho, oponiéndonos al recurso de apelación de la parte contraria, la Audiencia Provincial dicta Sentencia desestimando íntegramente el recurso de apelación. VER PDF
Objeto del Procedimiento
El presente documento judicial contiene la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por la propietaria de una vivienda contra la sentencia de primera instancia que la condenaba al pago de ciertas cantidades adeudadas a una empresa constructora por obras de reforma.
Antecedentes de Hecho
Una empresa constructora formuló demanda en reclamación de 40.722,15 euros derivados de un contrato de ejecución de reforma interior de vivienda. La propietaria demandada se opuso y formuló reconvención alegando ejecución defectuosa, retraso en la entrega y reclamando daños morales. El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente ambas demandas, condenando a la propietaria al pago de 24.067,62 euros más intereses legales y procesales.
Motivos del Recurso de Apelación y Fundamentos Jurídicos del Tribunal
La parte demandada fundamentó su recurso de apelación en diversos motivos, los cuales son analizados y desestimados por la Audiencia Provincial en los siguientes términos:
- Supuesto error aritmético en la condena: La apelante solicita la rebaja de la condena a 21.614 euros alegando un error de cálculo en la sentencia. El Tribunal lo desestima, aclarando que la apelante se basa en un informe pericial inicial no aplicable, ya que en el dictamen pericial corregido la cuantía a descontar por mala ejecución se redujo, coincidiendo exactamente con la liquidación efectuada por la Juez de instancia.
- Condición de consumidora y nulidad de cláusula penal: La recurrente invoca el artículo 14 de la Constitución Española para no ser discriminada por su profesión de abogada y exige la nulidad de la penalización por demora alegando abusividad. El Tribunal reconoce su condición de consumidora bajo la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). Sin embargo, descarta la nulidad porque, conforme a los artículos 82 y 83 de la citada Ley, la cláusula no fue impuesta unilateralmente, sino que consta probado que fue negociada e introducida expresamente a petición de la propia propietaria para su beneficio. Además, se rechaza la indemnización por daños morales al constatar que el mínimo retraso estuvo justificado por la enorme ampliación de obra solicitada posteriormente.
- Responsabilidad por ausencia de proyecto, dirección técnica y licencias: La apelante exige responsabilidad a la constructora y al arquitecto al amparo de los artículos 1903 del Código Civil y 13 y 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) por demoler un elemento y carecer de licencias. El Tribunal ratifica que, al tratarse de una reforma interior parcial, no era exigible un proyecto técnico ni dirección facultativa, según el artículo 2.2 de la LOE. Asimismo, correspondía legalmente a la promotora (la propietaria) la gestión y obtención de las preceptivas licencias administrativas, no a la constructora. Finalmente, se probó pericialmente que el elemento demolido no era un pilar estructural.
- Ejecución defectuosa de obra (humedades y altura de techos): Se desestima la deducción de importes por la tela asfáltica, ya que el perito judicial se limitó a valorar los precios facturados sin indicar necesidad de reparación, no constando imputabilidad a la constructora por las humedades. Respecto a la altura de los techos (reducida a 2,40 metros), el Tribunal avala la pericial que dictamina que la reducción se debió a la instalación de un falso techo para aislamiento térmico solicitado por la propiedad, lo cual no impide la legalización.
- Devengo de intereses (Principio «in illiquidis non fit mora»): La apelante rechaza el pago de intereses desde la demanda por la disparidad de cuantías. La Audiencia lo desestima recordando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que flexibiliza este principio: la deuda era cierta desde la demanda, y la propia demandada, al reconvenir, reconoció adeudar una cantidad (25.745,36 euros) prácticamente idéntica a la finalmente condenada.
Fallo y Costas
La Audiencia Provincial desestima de forma íntegra el recurso de apelación y confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen a la parte apelante las costas procesales causadas en esta alzada y se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir.
