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La Audiencia Provincial confirma la sentencia que ya habíamos obtenido en 1ª instancia que declaró la nulidad de la Junta de propietarios al haberse convocado por una presidencia cuyo nombramiento estaba suspendido por Auto de medidas cautelares, al constituir un acto nulo de pleno derecho. Se desestima el recurso de apelación de la Comunidad de propietarios y se le imponen las costas. VER PDF
Objeto del Procedimiento
Resolución del recurso de apelación interpuesto por una Comunidad de Propietarios contra la sentencia de primera instancia que estimó la demanda de un comunero y declaró la nulidad de la Junta General Ordinaria celebrada el 10 de julio de 2020, dejándola ineficaz junto con todos los acuerdos adoptados en la misma.
Excepción Previa: Legitimación Activa
La Comunidad de Propietarios apelante reitera la excepción de falta de legitimación activa del demandante. El Tribunal desestima este motivo de acuerdo con los siguientes fundamentos:
- El actor acredita ser propietario de un apartamento y estar al corriente de pago de las deudas vencidas con la comunidad, requisito indispensable exigido por la Ley de Propiedad Horizontal para la impugnación de acuerdos comunitarios.
- Se distingue jurisprudencialmente entre la legitimatio ad processum (capacidad formal para comparecer en juicio, la cual se cumple plenamente) y la legitimatio ad causam (que afecta al fondo de la pretensión y al derecho sustantivo). La apelante confunde ambos conceptos al alegar motivos de fondo para intentar justificar una supuesta falta de personalidad procesal.
Fondo del Asunto y Análisis del Tribunal
Al analizar la legalidad de la convocatoria de la Junta General, la Audiencia Provincial confirma la nulidad de la misma basándose en los siguientes argumentos:
- El nombramiento de la entidad que actuaba como presidenta de la Comunidad había sido suspendido previamente mediante un auto de medidas cautelares de enero de 2020, confirmado por la propia Audiencia Provincial.
- Ignorando dicha resolución judicial imperativa, la entidad suspendida procedió a convocar la Junta General Ordinaria del 10 de julio de 2020.
- Frente a la alegación de la demandada de que el cargo había sido subsanado por un acuerdo de una Junta de 2018, el Tribunal aclara que una suspensión acordada por resolución judicial firme no es susceptible de convalidación ni subsanación por el mero transcurso del tiempo ni por acuerdos comunitarios.
- Esta actuación de la entidad promotora, arrogándose un cargo en suspenso, se considera un acto nulo de pleno derecho en fraude de ley, según lo dispuesto en el artículo 6.4 del Código Civil, al tratarse de un ejercicio extralimitado de un derecho que vulnera frontalmente el principio de buena fe.
- Al declararse nula la convocatoria, decae la Junta General en su totalidad, resultando ocioso analizar de forma subsidiaria la validez de los acuerdos particulares adoptados en la misma, ya que la nulidad de la Junta arrastra la de todos sus puntos.
Fallo de la Sentencia y Costas
El Tribunal resuelve la apelación en los siguientes términos:
- Desestimación del recurso: Se confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, manteniendo la declaración de nulidad de la Junta General Ordinaria.
- Imposición de costas: Se condena a la Comunidad de Propietarios apelante al abono de las costas procesales causadas en esta alzada, en virtud de lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.