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El departamento de Derecho Penal de AESTIMATIO ABOGADOS ya había conseguido que el Juzgado de lo Penal de Madrid absolviera a nuestros clientes de los delitos que se les venía imputando. Recurrida la Sentencia por el Fiscal, la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación y confirma la absolución definitiva de nuestros clientes. PDF
Objeto del Procedimiento
El primer asunto analizado corresponde a una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid. El litigio versa sobre una demanda de juicio ordinario en la que la parte compradora solicita la resolución de un contrato de compraventa de un vehículo usado, adquirido por 10.500 euros, alegando incumplimiento contractual de la vendedora por la existencia de una reserva de dominio y falta de documentación para el trámite de transferencia en Tráfico.
Posturas de las Partes
- Parte demandante (Compradora): Reclama la resolución del contrato argumentando que el vehículo no se entregó libre de cargas, existiendo una reserva de dominio a favor de una entidad financiera y faltando la firma del cotitular del vehículo (expareja de la vendedora).
- Parte demandada (Vendedora): Se opone a la demanda afirmando que canceló económicamente la carga a los pocos días de la venta, y que procedió a la cancelación registral y a la aportación de la firma requerida dentro del plazo de gracia de siete días que la propia actora le concedió mediante burofax.
Fundamentos Jurídicos y Análisis del Tribunal
El Juzgado fundamenta la desestimación de la demanda en los siguientes extremos, aplicando las reglas de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
- Cumplimiento dentro del plazo de gracia: Queda probado que la demandada subsanó la falta de inscripción registral y aportó el contrato firmado por el cotitular dentro del plazo adicional de siete días otorgado de forma fehaciente por la compradora. Al haberse purgado los defectos en tiempo, no existe un incumplimiento resolutorio.
- Inexistencia de daños acreditados: El tribunal constata que el mero retraso en la inscripción no generó perjuicios económicos demostrados a la compradora. De hecho, fue la vendedora quien sufrió un perjuicio al recibir multas de circulación por continuar el vehículo temporalmente a su nombre.
Fallo de la Sentencia 1 y Costas
- Desestimación íntegra: Absuelve a la vendedora demandada de todas las pretensiones resolutorias y condenatorias.
- Costas procesales: Condena a la parte actora al pago de la totalidad de las costas procesales por aplicación del principio del vencimiento objetivo (artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).
Resumen de Sentencia 2: Confirmación de absolución por delitos urbanísticos y prevaricación
Objeto del Procedimiento
El segundo asunto documentado es una sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Jurisdicción Penal), que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 24 de Madrid. Se enjuician presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, desobediencia y omisión del deber de perseguir delitos, cometidos en el municipio de La Cabrera.
Posturas de las Partes
- Ministerio Fiscal (Apelante): Solicita la revocación de la absolución y la condena de los acusados (promotores, exalcalde y concejales). Sostiene que constan acreditadas construcciones ilegales en suelo no urbanizable de máxima protección, así como la pasividad dolosa y arbitraria del Ayuntamiento al no ordenar las demoliciones preceptivas frente a las denuncias policiales.
- Defensas de los acusados (Apelados): Solicitan la confirmación íntegra de la sentencia absolutoria de primera instancia.
Fundamentos Jurídicos y Análisis del Tribunal
La Audiencia Provincial desestima el recurso del Ministerio Fiscal basándose en sólidas doctrinas jurisprudenciales:
- Límites en la apelación de sentencias absolutorias: El tribunal advierte que, conforme a la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no es legalmente posible revocar una absolución alterando la valoración de pruebas personales o elementos subjetivos sin celebrar una vista con la audiencia directa de los acusados, trámite que ni se solicitó ni está previsto en este recurso.
- Delitos contra la ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal): Se confirma que, aunque las obras carecían de licencia, se trataba mayoritariamente de ampliaciones o reparaciones de edificaciones preexistentes toleradas. El tribunal determina que no se probó una afectación material grave al bien jurídico protegido (ordenación del territorio) que justificase elevar la infracción del ámbito administrativo al penal, primando el principio de intervención mínima.
- Prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos (artículos 320, 404 y 408 del Código Penal): La Sala descarta el «torcimiento patente del derecho» exigido para el delito de prevaricación. La inactividad de los cargos municipales se produjo en un contexto de cambio de corporación, carencia de medios policiales y técnicos, y delegación de algunos expedientes a la Comunidad de Madrid. Estas actuaciones, aunque insuficientes desde el plano administrativo, carecen de la arbitrariedad dolosa necesaria para constituir delito.
Fallo de la Sentencia 2
- Desestimación del recurso: Confirma íntegramente la sentencia absolutoria dictada a favor de todos los acusados por el Juzgado de lo Penal número 24 de Madrid.
- Costas procesales: Se declaran de oficio las costas derivadas de la segunda instancia.
